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DEJACIÓN DE FUNCIONES

De cómo la administración deja indefensos a buenos profesionales cuando necesitan su apoyo.

 

Uno cree que después de cinco años atendiendo el servicio del Defensor del Profesor nada le puede sorprender. Pero no es así. Las situaciones que se denuncian podrían servir como argumento de un cortometraje de ficción. Pero la realidad es la que es y la persona que la sufre está al otro lado del teléfono indefensa, repitiendo (supongo que para convencerse a ella misma): “No puedo creer que esto me esté sucediendo a mí”.

Y no es para menos. Inesperadamente surge el problema. Problema con un alumno por un “basta y hasta aquí hemos llegado”; problema con unos padres que consideran que ejercer como padres lleva implícito el insulto, la amenaza o la descalificación; problemas con la administración dispuesta a defender lo indefendible y creer a pies juntillas todo excepto la palabra del profesor. Y esto último es lo que más duele y desconcierta.

Ya sé que es humano buscar el camino más corto y más fácil, pero no a costa de la dignidad del profesor. Y que no me digan, como en alguna ocasión han tenido que escuchar estas personas, que las humillaciones van incluidas en el sueldo o que hay que aguantar estoicamente las malas formas, cuando no las conductas intimidatorias o agresivas so pena de que se deriven consecuencias administrativas no deseadas.

Me pregunto cuál sería la reacción de estas mismas personas que juzgan unos hechos tan a la ligera si fuesen sujetos pacientes de las mismas y, aunque todos sabemos que no es lo mismo predicar que dar trigo, hay algo que se debería practicar más a menudo: ponerse en el lugar del otro.

El posicionamiento de espaldas a la realidad de lo que está sucediendo con la convivencia en los centros educativos, resuelve poco y sólo sirve para reforzar conductas no deseadas. La gravedad que en ocasiones revisten los hechos requiere otras respuestas. Sería más sensato aclarar a los padres que la educación debe estar en manos de los profesionales, que educar significa también poner límites, que el respeto a las normas y a las personas, es algo normal en la sociedad. Poner en su sitio a personas que, por no depender de la administración, se consideran impunes, es tarea de todos, y más de la Inspección Educativa, si se quiere devolver el prestigio al profesorado. Y no me digan que el prestigio se lo tiene que ganar el docente día a día, que también; pero cuéntenme cómo, cuando la propia administración desautoriza, sin razón, a un docente, ya de por sí temeroso de lo que pueda suceder, ante alumnos y padres. En ninguna otra profesión, sea la que sea, se aplica este rasero ni se desprotege tanto a sus trabajadores.

Malos tiempos para la educación y peores para sus profesionales cuando desde la propia administración se les abandona a su suerte.

Inmaculada Suárez Valdés

 
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