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Consideramos, como sindicato docente más representativo del sector no universitario, que se debe continuar avanzando en las funciones de ayuda y asesoramiento de la Inspección Educativa e insistimos en que hay que acercar sus funciones a las necesidades reales y a las demandas de los centros de enseñanza pública de Canarias.

 

Además, recordamos que la Consejería de Educación se hizo eco de nuestra insistencia, y en este curso 2017/2018, los servicios de la Inspección Educativa cuentan con tres nuevas plazas en su plantilla. Aunque esta cifra pueda parecer insignificante, conforme a la dimensión actual de su plantilla sería equiparable a un aumento de 1.200 plazas para los demás cuerpos de la enseñanza no universitaria.

 

Confiamos en que a lo largo de los próximos ejercicios presupuestarios el Gobierno de Canarias posibilite una continuidad de este incremento de la plantilla, ya que no encontramos una vía mejor para que el profesorado vuelva a beneficiarse de la función primordial de la Inspección Educativa: el asesoramiento pedagógico al personal docente.

 

Por tanto, queremos hacer hincapié en que esta decisión supone una adecuada respuesta de la Administración Educativa a una propuesta concreta de nuestros últimos Consejos Sindicales, que insistía en la necesidad de reducir las zonas de actuación de los inspectores e inspectoras, disminuir las tareas burocráticas que sobrecargan sus Planes de Trabajo y ampliar la actual plantilla con el fin de que puedan ayudar más directamente al profesorado. Por poner un ejemplo, no tiene ningún sentido que la Inspección tenga que visar todos los horarios del profesorado o que deba informar absolutamente de todas las solicitudes que reciben las Direcciones Territoriales; en nuestra opinión, bastaría con que limitase su intervención exclusivamente a los casos en que fuera necesaria.

 

En relación al nuevo modelo de supervisión de los centros educativos, que incluye la asignación a los inspectores de “la detección de las buenas prácticas” docentes,  solicitamos conocer, de forma transparente y detallada, en qué consistirá este procedimiento.

 

Siempre hemos defendido que, de todas las funciones asignadas a los integrantes de los servicios de la Inspección Educativa, la que más echa de menos el profesorado en colegios e institutos es su labor de asesoramiento pedagógico sobre la profesión docente, que en otros tiempos resultaba fundamental para resolver los problemas cotidianos del aula y mejorar la práctica educativa gracias a la notable experiencia acumulada por buena parte de sus integrantes.

 

Por último, no podemos olvidar que el profesorado de Canarias lleva demasiados cursos afrontando una durísima realidad escolar con unos recursos muy limitados y que, en muchas ocasiones, se ha sentido absolutamente solo, impotente para cambiar una situación que le supera y también explotado laboralmente, con menos retribución, más alumnos, más obligaciones y una carga burocrática cada vez más insoportable e inútil en la mayor parte de los casos.

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