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ANPE presenta a los grupos parlamentarios enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales del estado para exigir la reversión de recortes en educación, mejoras sociales a los docentes y seguridad jurídica para los funcionarios interinos.

 

Una vez iniciado el trámite parlamentario para la aprobación de la Ley de PGE para 2017 y habiendo superado el borrador presentado por el Gobierno las enmiendas a la totalidad, el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios a fin de manifestarles la preocupación de determinados aspectos recogidos  en el proyecto de ley y presentarles propuestas para que sean tenidas en consideración y su contenido pueda ser incorporado a la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, ANPE ha pedido a los grupos parlamentarios que, en las enmiendas que presenten a la Ley de PGE para 2017, incluyan las siguientes cuestiones de especial relevancia para la enseñanza pública y su profesorado:

 

  • Un aumento de las retribuciones de los empleados públicos que permita recuperar en esta legislatura, comenzando ya en este ejercicio presupuestario, la pérdida salarial sufrida desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Desde ANPE ya hemos denunciado públicamente que es insuficiente la subida salarial del 1% contemplada en el borrador de PGE presentado por el Gobierno, ya que supondrá una pérdida aun mayor del poder adquisitivo de los empleados públicos y, entre ellos, del profesorado, pues se situará por debajo del incremento del IPC anual.
  • La derogación del artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativo a la prestación económica por Incapacidad Temporal del personal de las Administraciones Públicas. Es necesario acabar con la penalización económica por estar en situación de Incapacidad Temporal que llevan sufriendo los empleados públicos desde 2012 y, entre ellos, el profesorado de la enseñanza pública.
    -En el artículo 19.2 del borrador de Ley de PGE para 2017, relativo a la imposibilidad de que los nombramientos de funcionarios interinos sean superiores a 3 años o lleguen a 3 años de forma concatenada, se debería incluir de forma clara y explícita la no aplicación del mismo al colectivo de funcionarios interinos docentes no universitarios. Aunque debido a las peculiaridades de este colectivo (no existencia de RPT, nombramientos de interinos con una duración máxima de un año, readjudicaciones de destinos también anuales, etc.) se podría deducir que no sería de aplicación este precepto, entendemos desde ANPE que, para la necesaria tranquilidad y la seguridad jurídica de los cerca de 100.000 funcionarios docentes interinos y para evitar interpretaciones erróneas por parte de alguna Administración Educativa, se debería recoger claramente en el articulado de la Ley de PGE la especial consideración de los funcionarios interinos docentes y se contemple expresamente que no están afectados por la redacción de dicho artículo  o están excluidos de su aplicación  porque el desempeño de estos puestos de trabajo tienen un marco específico de regulación propio desde hace muchos años a nivel estatal y actualmente regulado en cada una de las CCAA y, además, la provisión de dichos puestos afectan al funcionamiento de un servicio esencial como es el de la educación pública.
  • Un aumento mayor de la inversión en Educación. Si bien es cierto que en este ejercicio presupuestario se continúa con un incremento ligero del gasto en Educación, hay programas que aún se encuentran en cifras muy por debajo de lo que se invertía hasta 2011. Fundamentalmente los programas 321N de Formación Permanente del Profesorado y 322G de Educación Compensatoria, cuyas partidas presupuestarias son más de un 90% inferiores que las de hace seis años.
  • Por último, esta Ley de PGE ofrece un marco jurídico válido para poder derogar el Real Decreto-ley 14/2012 en el que se sustentan muchos de los recortes educativos que aún hoy se perpetúan en las distintas CCAA destacando, entre las medidas recogidas en el citado RD-ley, las elevadas ratios máximas de alumnos por aula o el aumento del horario lectivo mínimo del profesorado que se impuso a través de esa norma. Todas las medidas recogidas han sido y son muy lesivas para la enseñanza pública y su profesorado e impiden avanzar a las CCAA en la necesaria reversión de los recortes.

    Secretaría de Comunicación de ANPE CANARIAS (10/05/2017)

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