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Ante la reciente publicación de la normativa que regula la emisión de certificaciones de Idiomas al alumnado de Secundaria y Bachillerato por parte de las EOI y los IES de Canarias, nuestra organización sindical desea puntualizar lo siguiente:

 

 

1.- Cualquier medida administrativa que implique la participación de los centros docentes debe ir precedida de un profundo análisis y, sobre todo, de una valoración objetiva de los recursos humanos y materiales disponibles en cada caso.

 

2.- En esta ocasión, nos consta que la normativa publicada hoy adolece de lo contrario y, en este sentido, debemos oponernos a su aplicación automática, ya que, con total seguridad, supondrá un nuevo incremento de la pesada sobrecarga de tareas burocráticas que soporta el profesorado de la enseñanza pública.

 

3.- Por lo tanto, hacemos un llamamiento público a los máximos responsables de la Consejería de Educación para que, antes de proceder a su implantación, evalúen la situación actual de cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas y comprueben "in situ" los medios con los que cuentan para desarrollar las nuevas funciones.

 

4.- Desde nuestro punto de vista, en lugar de involucrar en esta masiva emisión de certificaciones a los Institutos de Enseñanza Secundaria, la Consejería tendría que acometer un estudio pormenorizado para dotar de recursos a las EOI que lo necesiten, antes de que se produzca un colapso en los limitados servicios administrativos de los centros docentes.

 

5.- Animamos a los equipos directivos de los centros y al profesorado en general, a pronunciarse en este sentido ante la Inspección Educativa y las Direcciones Territoriales e Insulares de Educación.

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